El debate sobre la encriptación de datos está
estancado en el Congreso, pero ayer un juez estadounidense exigió que
Apple ofrezca "una asistencia técnica razonable" a la policía federal
(FBI) para ayudarla a acceder al contenido encriptado del iPhone de uno
de los autores radicalizados del tiroteo en la localidad californiana de
San Bernardino, que dejó 14 muertos a principios de diciembre.
Apple rápidamente hizo saber su desacuerdo con la
orden judicial. Su presidente, Tim Cook, denunció que había recibido una
instrucción "sin precedentes" que "amenaza la seguridad" de sus
clientes y "tiene implicaciones que van mucho más allá del marco legal
de este caso".
Las grandes empresas tecnológicas, como Apple y
Google, de hecho ofrecen cada vez más productos y aplicaciones
inviolables de los cuales sólo el usuario tiene la contraseña, y se han
negado hasta ahora a acatar las solicitudes de acceso a datos
encriptados en el marco de investigaciones judiciales.
Estos grupos aseguran que el mejoramiento de la
seguridad es necesario para que los consumidores tengan cierta confianza
en sus aparatos digitales. En tanto, en la otra esquina, las
autoridades temen que la inviolabilidad de los teléfonos termine
ayudando a los criminales y los yihadistas.
"Es una maniobra inteligente de parte del FBI
desplazarse del terreno legislativo, donde no obtendrá nada, hacia los
tribunales", opina Joseph Hall, del Centro por la democracia y la
tecnología, un grupo que defiende los derechos digitales. "Parece que le
piden a Apple que produzca una versión del sistema operativo iOS que
permita desactivar la seguridad".
La orden judicial de ayer de colaborar con el FBI
puso en pie de guerra a los defensores de las libertades individuales,
que consideran el fallo como una violación que permitirá a la larga una
vigilancia ilimitada por parte del gobierno.
"Si el FBI puede forzar a Apple hackear los aparatos
de sus propios consumidores, entonces todos los regímenes represivos del
mundo también podrán hacerlo", alerta Alex Abdo, de la poderosa
Asociación de defensa de las libertades civiles (ACLU).
"Apple merece nuestro respeto por mantenerse firme y
garantizar que los aparatos de sus clientes sean inviolables", acotó el
representante de la entidad.
La puerta trasera. La jueza Sheri
Pym fundamentó su decisión en una ley que data de 1789, que da autoridad
a los tribunales para ayudar a las fuerzas del orden. Pero, al hacerlo,
"fue mucho más allá de sus prerrogativas" y tomó una decisión "de
naturaleza legislativa", estimó Jonathan Turley, profesor de derecho de
la Universidad George Washington.
"El Congreso no ha ordenado a los fabricantes que
provean puertas traseras (alteraciones en el software para que las
autoridades accedan a datos encriptados), y una decisión así elevaría
preocupantes interrogantes sobre la privacidad".
Berin Szoka, presidente del "think tank" liberal
TechFreedom, comparte la misma opinión: "Si forzar a Apple a hackear sus
propios aparatos es una asistencia técnica razonable, entonces
prácticamente no hay límites en lo que las fuerzas del orden pueden
obligar a las compañías a hacer para comprometer la seguridad de sus
sistemas", dijo Szoka en un comunicado.
